están ensañando los recortes económicos propiciados por el
gobierno central español -con la ayuda necesaria de las
administraciones autonómicas- es un hecho objetivo, mesurable y muy conocido por todo el
conjunto de ciudadanos. Asimismo, estas políticas de desmantelamiento de un sistema que
hasta ahora había servido para cohesionar la sociedad han sido ya tan contestadas a estas
alturas, que cualquier opinión o manifestación sobre tal proceder podría parecer
redundante.
Aparte de las convocatorias de huelga general, de las movilizaciones llevadas a cabo
por los distintos sectores escolares (centros educativos, profesores, padres, alumnos) y
otros varios actos de protesta, muchas han sido las vías que han servido para canalizar el
creciente malestar de quienes apoyamos sin reservas la escuela pública como el pilar sobre
el que se sustentan los dos principios fundamentales de cualquier sociedad moderna justa:
la igualdad de oportunidades y la cohesión social.
Sin embargo, no podemos dejar que cuestiones accesorias como la cantidad, la
calidad o la frecuencia de los actos de protesta influyan en el propósito y, especialmente, en
el deber que, como miembros de la comunidad educativa, tenemos para con el futuro de los
niños y jóvenes que nos rodean, que forman parte de nuestras familias y que, en un futuro
no muy lejano, pasarán a ser los receptores de los beneficios o los perjuicios que el sistema
les ofrezca.
Es por ello por lo que en aras a conseguir el mejor modelo de calidad educativa
auténtica -que no los sucedáneos con que las autoridades políticas pretenden contentarnos-
hemos de continuar demandando, con todos los medios a nuestro alcance, por un lado, lo
mejor para nuestros hijos y, por otro, el compromiso de que esas condiciones favorables van
a mantenerse en el tiempo.
Por desgracia, las actuaciones y decisiones de los políticos y dirigentes de turno están
siguiendo un camino divergente del modelo de calidad que proporcione las citadas igualdad
de oportunidades y cohesión social. Al contrario, desde el momento en el que se retira la
financiación plena a la escuela pública -haciéndola víctima de una crisis económica en la
que ningún miembro de la comunidad educativa ha tenido nada que ver- y se mantiene, e
incluso aumenta, la dotación para fomentar ese experimento tan español llamado enseñanza
privada-concertada, se incurre en un fraude social que permite penalizar las condiciones de
aprendizaje de unos alumnos en beneficio de otros. Se destruye entonces la cohesión social,
porque los centros están separados, los alumnos son seleccionados y reciben formaciones
diferentes; en definitiva, la sociedad se parte desde la misma base, fomentando la existencia
de dos bloques de ciudadanos cada vez menos cercanos y más diferenciados en función de
criterios de muy dudosa valía, tales como el estatus social o el poder adquisitivo.
Las administraciones públicas, férreamente politizadas y sumisas a las órdenes
gubernamentales, sin duda cegadas por una torticera interpretación de los resultados
electorales que les lleva a creer que la mayoría absoluta capacita para un gobierno
absolutista, continúan, a pesar de nuestras protestas, imponiendo -nunca negociando-
medidas penalizadoras a los centros educativos públicos: restricción masiva de profesorado,
masificación de aulas, conculcación del derecho de los alumnos de bachillerato a elegir
libremente sus opciones (tal y como establece la normativa vigente), etc. Todas estas
medidas ya se están dejando notar en los centros de nuestra provincia. En algunos casos
concretos, como son los institutos de las zonas rurales, se ha empezado a perder alumnado
por falta de una oferta formativa digna en la etapa del bachillerato. Que la administración
educativa acepte que los alumnos de un centro tengan que darse de baja en el mismo y
trasladarse a otro mucho más alejado de su hogar, habiendo en el primero profesorado
suficiente para atender sus preferencias educativas, demuestra una necedad y una
incompetencia tan grande que debería provocar ceses o dimisiones en masa. Sin embargo,
todas las llamadas a la sensatez efectuadas desde todos los sectores educativos y de todas
las formas posibles han sido despreciadas sistemáticamente y no han surtido efecto debido a
la sordera terca de la que hacen gala los gestores administrativos.
Asimismo, la aparición en el horizonte del nuevo anteproyecto de ley educativa
LOMCE -que no ha sido negociado con el profesorado y que ya está siendo fuertemente
contestado desde muchas instancias- no hace sino ensombrecer el panorama, ya que
contiene medidas negativas para el conjunto de la comunidad educativa pública, tales como
la desnaturalización del Consejo Escolar, la segregación socio-económica del alumnado,
la reducción de becas simultánea al aumento de los costes de comedores y transporte, o
la nueva figura del director con plenos poderes sobre los recursos de los centros. Estas
medidas difícilmente van a contribuir a solucionar los problemas del sistema educativo
español; al contrario, supondrán un deterioro grave de las condiciones y la calidad de la
educación, especialmente en el ámbito de la escuela pública.
En esta situación de refracción al clamor social se justifica, más aún si cabe,
la continuidad en la empresa que esta Plataforma por la Educación Pública de
León ha iniciado. Es preciso no cejar en el empeño, ni rendirse a la hora de hacer
ver, a las autoridades en particular y a la sociedad en general, que este país no
puede permitirse el lujo de perder la gran mayoría de los logros que se habían
alcanzado tras muchos años de esfuerzo colectivo y que constituye una tremenda
irresponsabilidad poner en peligro el futuro de nuestra juventud.
Es por ello por lo que, en el marco de nuestra apuesta y defensa decidida por
una educación pública gratuita, igualitaria, laica, integradora, participativa y
plural, reiteramos nuestro llamamiento a los colectivos de alumnos, familias,
profesorado y, en general, a toda la sociedad leonesa a continuar con los actos
de protesta que se efectúan en cada centro educativo. Además hemos de hacer
oír nuestra voz contra esta política regresiva también en las calles, en concreto
participando en la manifestación que bajo el lema “V Jueves Verde por la Educación
Pública” convocamos el próximo día 8 de noviembre a las 19.30 horas delante del
palacio de Botines en León y en la Plaza de Julio Lazúrtegui de Ponferrada. Desde
la Plataforma por la Educación Pública de León hacemos un llamamiento a todos
los miembros de la comunidad educativa a participar.
ESTÁ EN JUEGO EL FUTURO DE NUESTROS JÓVENES, NADA MENOS.